Denuncia pública Movistar Colombia nos robó dos años seguidos con cobros ilegales
¿Alguna vez ha sentido la impotencia de ver cómo su dinero desaparece de su cuenta mes tras mes, a pesar de haber pactado un precio justo por un servicio básico? La frustración no es solo por los pesos perdidos, es por la sensación de ser una ficha más en un sistema que parece diseñado para ignorar al usuario. Esta es la realidad que hoy enfrentan miles de colombianos ante la falta de transparencia de grandes compañías de telecomunicaciones, y nosotros hemos decidido alzar la voz para que el silencio deje de ser el aliado del abuso.
La promesa incumplida: Una historia que se repite
Todo comenzó con un acuerdo sencillo en 2024. Ante el constante aumento en las facturas, tomamos la decisión de buscar una solución definitiva: pactamos un plan de 20.000 pesos mensuales. La respuesta inicial de la empresa fue la oferta de mantener este valor de forma fija. Sin embargo, la realidad terminó siendo radicalmente distinta. Lo que debía ser un alivio para el bolsillo se convirtió en un goteo constante de dinero que no correspondía a lo pactado.
Lejos de ser un error aislado o un malentendido de facturación, nos enfrentamos a lo que parece ser una práctica sistemática. El pasado 1 de marzo de 2025, tras meses de cobros excesivos, volvimos a comunicarnos con atención al cliente. La promesa de la empresa fue clara: el plan se ajustaría a los 20.000 pesos acordados. Una vez más, confiamos en la palabra de la compañía. Una vez más, fuimos defraudados.
La evidencia que no deja lugar a dudas
La transparencia es nuestra bandera. Al revisar nuestras facturas, la sorpresa no fue menor. Por ejemplo, en febrero de 2025, el cobro ascendió a 37.602 pesos, cuando el compromiso era de 20.000. Para marzo del mismo año, la cifra se situó en 36.990 pesos. Esta divergencia, que se ha sostenido durante meses, suma más de 82.259 pesos solo en las facturas verificadas hasta la fecha. Si a esto le sumamos el histórico completo del año 2024, el panorama es indignante.
Lo más grave de esta situación es que tenemos las pruebas. Las llamadas telefónicas, esas grabaciones que las empresas utilizan como «seguridad» y respaldo de sus transacciones, existen. El acuerdo del 1 de marzo de 2025 no es una suposición, es un hecho registrado en los servidores de la compañía. La empresa sabe perfectamente que el compromiso existió y, aun así, han optado por ignorar su propia palabra.
El camino hacia la justicia
No estamos dispuestos a ser cómplices del abuso. Ya se ha radicado una PQR (Petición, Queja y Reclamo) formal ante la entidad. Nuestras exigencias son claras y no admiten medias tintas: la devolución inmediata del dinero cobrado injustamente, el ajuste real y permanente del plan al valor pactado, la entrega de las grabaciones de las llamadas como evidencia material y el desglose completo del historial de pagos desde 2024.
Este es un llamado a la acción. Si en un plazo de 15 días no recibimos una respuesta satisfactoria, escalaremos esta situación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). El Estatuto del Consumidor está para protegernos, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos hacer que esas leyes se cumplan. No podemos permitir que las empresas de telecomunicaciones sigan tratando a sus usuarios como simples números en una hoja de cálculo.
Un mensaje para todos los colombianos
¿A cuántos más les ha pasado esto? Esta denuncia no es solo por nuestro caso particular; es por la transparencia que todo usuario merece. Les invitamos a revisar sus facturas minuciosamente, a comparar lo que les prometieron con lo que realmente están pagando y a no quedarse callados. La unión de los consumidores es la única fuerza capaz de detener las malas prácticas corporativas.
La honestidad en los servicios básicos es un derecho, no un privilegio. Compartan sus historias, denuncien y exijan lo que por ley les corresponde. Esto tiene que parar hoy mismo.
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