La inmobiliaria que cobró diez meses de arriendo por un difunto
¿Es posible que un contrato de arrendamiento cobre vida propia después de la muerte de quien lo firmó? En Buga, Valle del Cauca, la realidad ha superado la ficción, dejando a una familia sumida en una batalla legal contra la Inmobiliaria La 13 y su representante, Jairo Rómulo Escobar Potes. Lo que comenzó como un compromiso comercial de una década, donde una familia cumplió fielmente con sus obligaciones, se ha transformado en un presunto caso de abuso de confianza y fraude que hoy está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación.
Cuando el cumplimiento no es suficiente
Durante más de diez años, una familia de arrendatarios mantuvo un local comercial en el corazón de Buga. Fueron años de inversión, de mejoras constantes hechas con el esfuerzo propio y de una relación que, en teoría, debería haber terminado bajo los mejores términos tras el fallecimiento del titular del contrato. Sin embargo, el dolor de la pérdida pronto se vio agravado por una sorpresa administrativa indignante.
Tras la muerte del arrendatario, el local fue entregado formalmente. Según los testimonios recolectados, el señor Jairo Rómulo Escobar Potes aseguró en persona que la cuenta estaba saldada y que no existían deudas pendientes. Con esa tranquilidad, la familia entregó las llaves, esperando cerrar ese capítulo de sus vidas. Pero la inmobiliaria tenía otros planes. A pesar de que el local permaneció desocupado y en procesos de remodelación durante todo el año 2024 —hecho corroborado por los vecinos del sector—, la inmobiliaria habría optado por un camino oscuro.
El contrato fantasma y la jugada contra la aseguradora
La irregularidad más grave radica en el uso de un documento que, jurídicamente, ya no debería tener peso: el contrato de un arrendatario fallecido. De manera incomprensible, se utilizó dicho documento para gestionar el cobro ante una aseguradora por 10 meses de cánones de arrendamiento que, en la práctica, jamás se causaron. La propiedad estaba en manos de la inmobiliaria, bajo remodelación, pero aun así, se solicitó el pago de un dinero que no les correspondía.
Esta maniobra no solo afectó a la aseguradora, que fue inducida al engaño, sino que hoy está perjudicando directamente a los deudores y sucesores de la persona fallecida. El peso de una deuda inexistente está recayendo sobre hombros que ya cargan con el duelo, creando una situación de injusticia que ha encendido las alarmas en la comunidad de Buga.
La respuesta ante la denuncia
Ante el cuestionamiento público y la presión social, la postura de la inmobiliaria ha sido evasiva. Se ha limitado a invitar a las partes involucradas a sus instalaciones y a amenazar con posibles acciones legales por el presunto delito de calumnia, alegando además una falta de vínculos directos con quien realiza la denuncia. No obstante, la respuesta de los afectados ha sido contundente y clara: la información expuesta no es un rumor de pasillo, sino una serie de hechos reales que reposan en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Buga.
La pregunta central que Jairo Rómulo Escobar Potes y su equipo no han podido responder es simple pero devastadora: ¿Cómo se justifica el cobro de diez meses de arriendo por un inmueble que ya habían recuperado y que estaba siendo remodelado, utilizando el nombre de una persona que ya no está en este mundo?
Hacia una justicia transparente
La Fiscalía tiene ahora la palabra final. Este caso no solo se trata de un conflicto contractual; es una lección sobre la importancia de la transparencia y la ética en los negocios inmobiliarios. La comunidad de Buga merece operar en un entorno donde la buena fe sea la regla y no la excepción. Invitamos a cualquier persona que haya vivido una situación similar con esta firma a que no guarde silencio. La denuncia es el primer paso para proteger a otros ciudadanos de prácticas que parecen diseñadas para sacar provecho de la vulnerabilidad ajena.
La justicia tarda, pero llega, y en este proceso, la verdad es la única herramienta capaz de limpiar el nombre de quienes hoy son perseguidos por una deuda que jamás debió existir.
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